Es un hecho reconocido por casi toda la industria del libro que el DRM perjudica a los lectores legales, aquellos que pagan por lo que leen, impidiéndoles hacer un uso libre de sus libros digitales, el mismo que harían con un libro en papel. El comprador de un libro en papel puede prestarlo o regalarlo a quien quiera —compartirlo—, es libre de hacerlo, tantas veces como desee. Pero no puede disponer de la misma forma de un libro digital, por razones técnicas (DRM) y legales (que no entraré aquí a comentar).
Pero el DRM tiene otro uso que no suele mencionarse: evitar que los compradores de los libros hagan copias y las compartan con otros lectores, lo que les convertiría en piratas. En un lenguaje más feudal, el DRM es una especie de cinturón de castidad que protege la virtud del comprador apartándole de la tentación de la copia ilegal. Todos somos piratas mientras no se demuestre lo contrario.
Pero, como dice Porter Anderson en su último post en Publishing Perspectives, no es normal que los editores reconozcan abiertamente esta segunda utilidad del DRM (la primera es proteger los libros digitales de los piratas-piratas, los que nunca han pagado por un libro). A los editores no les gusta nada hablar de esa segunda utilidad del DRM, lo que es muy lógico, teniendo en cuenta la cantidad de claroscuros legales que hay aún en los derechos del comprador y lector de libros digitales.
Por eso sorprende encontrar declaraciones como la de la CEO de Little, Brown, Ursula Mackenzie, para The Bookseller el pasado agosto:
Sabemos perfectamente que el DRM no desmotiva a ciertos piratas ni a aquellos que son tan sofisticados como para descargarse un software para quitar el DRM. El punto principal es que estamos a favor del DRM porque impide que se compartan archivos entre la masa de lectores, esos que son tan valiosos para nosotros y nuestros autores.
A esas alturas ya se ha demostrado ampliamente que el DRM no es un impedimento para la piratería, que quien quiere leer sin pagar puede hacerlo con un esfuerzo mínimo. Entiendo perfectamente los temores de los editores ante la posibilidad de un mal uso de los archivos vendidos, pero presuponer que todos sus lectores son potenciales delincuentes no va a mejorar su cuenta de resultados.
Sería conveniente que editores, lectores y gobierno se reunieran para establecer un marco legal que regulara esos claroscuros legales que mencionaba más arriba; que se definiera, entre otras cosas, dónde está el límite de los derechos de autor y dónde se encuentra el de los derechos del lector. Ya sé que es utópico, pero por pedir que no quede.
P.S. El título de este post es una cita del mencionado artículo de Porter Anderson, Ether for Authors: The Author Solutions Lawsuit
