El pasado 19 de diciembre, un lector escribía a la sección de cartas el director de La Vanguardia sobre el reciclaje de libros por parte de las bibliotecas. El hombre se mostraba pasmado e indignado por la cantidad de libros que la biblioteca de su localidad condenaba a la destrucción y que aparecían desparramados en un centro de reciclaje. Para colmo, las normas de dicho centro le habían impedido indultar los ejemplares que más le interesaban y llevárselos consigo.
La respuesta del servicio de bibliotecas de la Diputación de Barcelona gira entorno a esas 60.000 novedades anuales que publican las editoriales españolas: para dar acogida a unos libros es necesario deshacerse de otros, que se convierten en «libros sobrantes». Algunos de ellos suelen ofrecerse a «otras bibliotecas o entidades sociales», pero se destruyen/reciclan aquellos cuyo contenido queda obsoleto y son relevados por nuevas ediciones.
Está claro que las Bibliotecas son, junto a las librerías, uno de los grandes perjudicados por la sobre producción editorial, que disponen de un espacio físico limitado o muy limitado, y que tienen que tomar drásticas decisiones para poder ofrecer novedades a sus lectores. Las librerías optan por la devolución a las editoriales. Las bibliotecas tienen que recolocar los libros.
La Diputación de Barcelona suavizó el problema creando una red de bibliotecas en la que cada uno de los centros tiene unos «Fondos especiales» (especialidad temática, sobre personajes, bibliotecas de autor donadas a bibliotecas). La existencia de un catálogo colectivo on line facilita las búsquedas y da noticia sobre la disponibilidad de los libros. De esta forma, muchos libros que se hubieran visto abocados a la destrucción pueden ser recolocados por su especialidad.
Sin embargo, ¿qué pasa cuando dicha especialización no existe y las entidades sociales y las pequeñas bibliotecas de los pueblos no quieren acoger los «libros sobrantes»? ¿Se destruyen junto a los obsoletos? Sabemos de editores que reciclan los libros por el alto coste que tiene enviarlos a países en vías de desarrollo (costes que ninguna entidad pública ni privada quiere subvencionar), ¿se encuentran las bibliotecas en una situación similar?
Y lo que más nos intriga: ¿Quién decide qué libro es «sobrante» y cuál no? ¿Existen criterios establecidos para clasificar los libros sobrantes? Está claro que gran parte de los libros que se publican sobran. Personalmente defenestraríamos (literalmente) muchos de ellos, pero seguro que alguien vería el montón acumulado bajo nuestra ventana y salvaría alguno de los títulos.
Por cierto, no se da respuesta a por qué la normativa de los centros de reciclaje impide dar a una segunda oportunidad a esos libros condenados.
